Hoy, 13 de noviembre, AGAELA participó junto a las entidades que formamos parte de ConELA (Confederación Nacional de Entidades de ELA) en una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados para hacer balance de los dos años transcurridos desde la aprobación de la Ley ELA (Ley 3/2024).

Bajo el lema «2 años de la Ley ELA: del derecho reconocido al derecho efectivo», el encuentro reunió a representantes de las entidades, personas afectadas y familias para analizar los avances conseguidos, compartir experiencias y trasladar a los representantes institucionales las necesidades que todavía siguen sin respuesta.
Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación del Segundo Informe de Implementación de la Ley ELA, elaborado por ConELA a partir del seguimiento realizado por las asociaciones que forman parte de la Confederación en las diferentes comunidades autónomas.
El documento analiza el grado de aplicación de la normativa y pone de manifiesto una realidad preocupante: aunque se han producido avances, persisten importantes desigualdades territoriales y dificultades que impiden que todas las personas con ELA puedan acceder en igualdad de condiciones a los cuidados y prestaciones que necesitan.
Un derecho que todavía no llega a todos los hogares
Una de las principales conclusiones del informe es la distancia que todavía existe entre el reconocimiento de las prestaciones y su llegada efectiva a las personas afectadas.
Según los datos recogidos por el seguimiento asociativo, de las 756 resoluciones de dependencia contabilizadas, únicamente 410 se habían traducido en prestaciones económicas cobradas o servicios efectivos. Esto representa el 54,23 %.
Es decir, reconocer una situación de dependencia no garantiza por sí solo que la persona esté recibiendo los cuidados y recursos que necesita.
El informe también identifica importantes diferencias entre comunidades autónomas en aspectos como las cuantías de las prestaciones, las deducciones aplicadas, los sistemas de pago y la compatibilidad entre ayudas.
Estas desigualdades hacen que personas con necesidades de atención similares puedan encontrarse con respuestas muy diferentes dependiendo de su lugar de residencia.
Las principales dificultades que siguen pendientes
El informe señala varios ámbitos en los que resulta imprescindible avanzar para garantizar una aplicación efectiva de la Ley ELA.
1. Desigualdades económicas y dificultades para financiar los cuidados.
Uno de los principales obstáculos sigue siendo el esfuerzo económico que deben asumir las familias. En algunos territorios, las personas beneficiarias tienen que adelantar importantes cantidades de dinero para contratar los servicios de atención y esperar posteriormente al abono de las prestaciones.
Esta situación puede convertirse en una barrera para acceder a los cuidados, especialmente en aquellos hogares que no disponen de capacidad económica suficiente para asumir esos gastos inicialmente.
Además, las diferencias en las cuantías y los criterios de las ayudas pueden generar situaciones de desigualdad entre personas con las mismas necesidades.
2. Incompatibilidad entre prestaciones.
Otro de los aspectos señalados es la falta de compatibilidad entre determinadas ayudas, especialmente entre la prestación vinculada al Grado III+ y otras prestaciones como la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) o la asistencia personal.
Esta situación puede obligar a algunas familias a renunciar a una ayuda para no perder otros derechos o apoyos que ya tenían reconocidos.
Es fundamental avanzar hacia un modelo que permita combinar los recursos disponibles y adaptarlos a las necesidades reales de cada persona, sin penalizar a las familias cuidadoras.
3. Falta de profesionales especializados.
La atención a las personas con ELA, especialmente en fases avanzadas, requiere profesionales preparados para responder a necesidades complejas, como el manejo de respiradores, traqueostomías o sondas de alimentación.
Sin embargo, continúa existiendo una importante carencia de profesionales con formación específica y disponibilidad para garantizar los cuidados durante las 24 horas del día.
La formación y especialización de los equipos de atención domiciliaria debe convertirse en una prioridad.
4. La fisioterapia domiciliaria sigue siendo una asignatura pendiente.
El informe también pone el foco en la falta de cobertura pública suficiente de fisioterapia domiciliaria, un servicio fundamental para las personas con ELA.
Durante el último ejercicio, las asociaciones asumieron 23.439 sesiones de fisioterapia, con un coste estimado de 1,17 millones de euros.
Estos datos reflejan el esfuerzo que están realizando las entidades para cubrir necesidades que deberían contar con una respuesta adecuada desde el sistema público.
La fisioterapia no puede depender de la capacidad económica de las familias ni del esfuerzo de las asociaciones. Debe garantizarse como parte de una atención integral y continuada.
Cerca de 2.000 personas han fallecido sin poder disfrutar de sus derechos
Uno de los datos más duros trasladados durante la presentación fue el fallecimiento de alrededor de 2.000 personas con ELA durante estos dos años sin haber podido disfrutar de los derechos reconocidos por la ley.
Esta cifra recuerda la urgencia de acelerar su aplicación. En la ELA, el tiempo es especialmente importante: las necesidades cambian rápidamente y las ayudas que llegan tarde pueden dejar de responder a la situación de la persona que las solicitó.
Por eso, no basta con agilizar los procedimientos administrativos. Es necesario garantizar que las prestaciones se conviertan en cuidados reales y estén disponibles cuando las personas los necesitan.
También hubo espacio para escuchar la realidad de las familias
La jornada contó además con diferentes espacios de participación para acercar a los representantes institucionales las experiencias de quienes conviven diariamente con la enfermedad.
En la mesa «La realidad en los hogares», Tatiana compartió su experiencia personal viviendo con un Grado III+ de dependencia en un pueblo de Galicia.
Su testimonio permitió visibilizar las dificultades añadidas que puede suponer convivir con la ELA en un entorno rural, donde la dispersión geográfica y las distancias complican todavía más el acceso a profesionales, servicios y recursos de atención.
Escuchar a las personas afectadas y a sus familias es imprescindible para comprender que detrás de cada prestación, cada procedimiento y cada cifra hay situaciones reales que necesitan respuestas.
Del derecho reconocido al derecho efectivo
Desde ConELA se reconoce que se han producido avances importantes desde la aprobación de la Ley ELA, como la puesta en marcha de vías de urgencia para el reconocimiento de la dependencia y la discapacidad y la llegada de las prestaciones a las personas beneficiarias en todas las comunidades autónomas.
Sin embargo, el informe deja claro que todavía existen importantes carencias y que la aplicación de la ley no puede depender del territorio en el que viva cada persona.
Desde AGAELA consideramos fundamental seguir avanzando hacia una atención integral, especializada y equitativa, que garantice los recursos necesarios para las personas con ELA y sus familias durante todas las fases de la enfermedad.
La presentación de este segundo informe supone una nueva oportunidad para trasladar estas reivindicaciones a las administraciones y reclamar medidas concretas que permitan resolver las dificultades identificadas.
Dos años después de la aprobación de la Ley ELA, el compromiso sigue siendo el mismo: que los derechos reconocidos se conviertan en cuidados reales, que lleguen a tiempo y que ninguna persona ni ninguna familia se quede atrás.
Consulta el Segundo Informe de Implementación de la Ley ELA publicado por ConELA.




























